LA ENERGÍA NUCLEAR UNA MASCARA PELIGROSA.

Es un mito aquello de que la energía nuclear es segura. El desastre de Chernobyl, en 1986, dejó de manifiesto las graves deficiencias en elementos de seguridad interna, en una central nuclear y ni hablar de las devastadoras consecuencias que dejó el accidente de Three Mile Island en Pensylvania, Estados Unidos en 1979, catastrofes que indiscutiblemente quedarán guardadas en la memoria de la humanidad.
Por eso hoy MISIÓN AMBIENTAL, entrega este documento investigativo sobre la realidad de la “energía nuclear”. Con datos extractados del WWF

Se requiere un Análisis del Ciclo de Vida, desde la cuna a la tumba, que incluye todo el proceso, desde la minería del uranio, su enriquecimiento, las propias centrales nucleares, el reprocesamiento del combustible, su desmantelamiento y la gestión de los residuos, que seguirán siendo radiactivos y peligrosos dentro de 250.000 años, y ese análisis lo ignoran todos los promotores y falsean todos los datos sobre costos que ofrecen, que son auténtico surrealismo, cuando no un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
La industria nuclear es una auténtica ruina, que sólo puede vivir a base de subvenciones públicas, directas o indirectas, como en Francia y en la práctica totalidad de los países, y donde más posibilidades tiene de prosperar es allá donde hay dictaduras y una ausencia total de democracia y transparencia, como en China. El analfabetismo energético lo practican los promotores de la energía nuclear, pero la situación de hoy no es la de 1970, cuando se lanzaron los programas nucleares.
La energía nuclear, que iba a ser tan barata que no necesitaría contadores, se ha demostrado que es la forma más cara de producir electricidad cuando se considera el ciclo completo. También era la más segura, y Chernobyl demostró que es la más peligrosa. Los usos pacíficos y la proliferación nuclear van de la mano, y hoy, gracias a la energía nuclear el mundo es más más peligroso que nunca, con nuevas potencias nucleares, como Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, y en un futuro próximo también Irán. ¿Y que pasaría en caso de un atentado terrorista contra una central nuclear?
La inversión de una central nuclear es de más de 2.000 euros por kW de capacidad de generación, mientras que en las centrales de ciclo combinado de gas natural es de 450 euros por kW y de 900 euros el kW eólico, que no requiere combustible ni genera residuos radiactivos durante miles de años. Los plazos de construcción de una nuclear van de siete a quince años, frente a dos de una central de ciclo combinado o unos ocho meses de un parque eólico, y están sujetos a enormes incertidumbres y a la oposición popular. La construcción de una central nuclear provoca un enorme endeudamiento a largo plazo, sometido a las variaciones de los tipos de interés. La mejor prueba de su nula rentabilidad es que no han resistido la prueba del mercado, y sólo las promuevan empresas públicas sin ninguna transparencia.
Y una fuente de energía debe internalizar todos sus costes, incluido el desmantelamiento de la central y la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad. Aunque sólo sea en salarios de los guardas jurados durante miles de años, los costes del ciclo completo son ruinosos. Pero cuando hablan de costes se omiten todas esas externalidades, dando por supuesto que seremos los que las paguemos.
El negocio es construir centrales nucleares, e incluso gestionarlas, pero la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, ¿cuánto cuesta? ¿quién lo paga? ¿quién corre con las pólizas de seguro en caso de accidente? La energía nuclear es el más claro ejemplo de privatización de beneficios y socialización de pérdidas.
Las grandísimas inversiones que requieren las centrales nucleares tienen un coste de oportunidad, al detraer recursos de otros sectores más intensivos en empleo y más sostenibles, como la gestión de la demanda, el aumento de la eficiencia energética y las energías renovables.
Las centrales nucleares tienen efectos desastrosos sobre las regiones donde se implantan, fundamentalmente sobre el turismo, siendo industrias de enclave que apenas crean empleo y perjudican el desarrollo de otros sectores.
Las centrales nucleares sólo producen electricidad
Las centrales nucleares sólo sirven para producir electricidad, de forma mucho más cara y peligrosa que con energía eólica, una alternativa real mal que les pese a los promotores de la nuclearización. Las centrales nucleares son innecesarias y nunca sustituirán al petróleo, pues sólo un porcentaje ínfimo y cada vez más pequeño de derivados del petróleo se destina a la generación de electricidad. El bioetanol y el biodiésel, y a medio plazo el hidrógeno obtenido a partir de energías primarias renovables, son la alternativa al uso de los combustibles fósiles, y no una fuente que sólo sirve para producir electricidad, que puede producirse a partir de muchas otras fuentes con un impacto muy inferior.
Las nucleares, además, son muy poco eficientes, pues su rendimiento energético apenas llega al 30%, disipándose el resto en forma de calor residual a través del agua utilizada en la refrigeración del reactor. El consumo de agua, incluso en circuitos cerrados, es elevado, por lo que deben localizarse en el litoral o en las proximidades de algún gran río.
En 2005 el carbón supuso el 28% de la participación en la producción eléctrica española; la energía nuclear el 19,6%; el gas natural el 26%; el petróleo, un 8,9%; la eólica el 7%; la hidráulica el 7,9% (fue un año excepcionalmente seco) y otras renovables un 2,6%. Las renovables, especialmente la eólica, han experimentado un gran desarrollo, y en las próximas décadas nos permitirán producir la electricidad necesaria, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, y el cierre paulatino y ordenado de las centrales nucleares al final de su vida útil, sin necesidad de construir ninguna más. En el pasado se paralizaron en España 5 centrales nucleares, y los intentos de revivir una opción moribunda, cara y peligrosa es muy probable que estén condenados al fracaso.
Tecnología inmadura
Ni la ciencia ni la tecnología son neutrales, teniendo considerables repercusiones sociales, ambientales y éticas. La tecnología nuclear, además de sofisticada y centralizada, tiene indudables aplicaciones militares, está en mano de apenas media docena de empresas multinacionales y es inmadura, estando lejos de resolver los problemas de seguridad, desmantelamiento y eliminación de los residuos radiactivos.
La energía nuclear aumentará la dependencia tecnológica en la mayor parte de las fases del ciclo nuclear (sobre todo el enriquecimiento y el reprocesamiento), y también del combustible, pues compramos el uranio, que es un recurso tan escaso como el petróleo, y dependemos de su enriquecimiento tanto como del petróleo o el gas natural.
En términos estadísticos, se considera “nacional” a la energía nuclear, que es una más de las muchas falsedades. Es tan nacional como el gas natural que importamos de Argelia. Y puestos a reducir la dependencia, lo sensato en invertir en energía eólica y solar, donde contamos con importantes empresas (Gamesa, Acciona, Isofotón, Ecotecnia…) que exportan a todo el mundo energía sostenible, sin residuos y sin riesgos de proliferación o terrorismo.
Las centrales nucleares son ecológicamente desastrosas
Las centrales nucleares apenas emiten dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno), pero tampoco la energía eólica o las diferentes aplicaciones de la energía solar, y las energías renovables, a diferencia de la energía nuclear, no suponen un riesgo para el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Las nucleares contaminan en todas las fases, partiendo de las mismas minas de uranio, donde liberan gas radón y otras sustancias radiactivas, como radio y polonio, y destruyen grandes superficies de terreno (para obtener un kilogramo de uranio se debe remover más de una tonelada de tierra, y de este kilo sólo un 0,7% es U-235). La radiactividad emitida a lo largo de todo el ciclo de vida se concentra y acumula en la cadena trófica, no pudiéndose hablar de dosis mínimas admisibles, pues todas son peligrosas.
Residuos para la eternidad
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) después de más de 20 años, aún no han encontrado ningún municipio que quiera albergar el cementerio de residuos radiactivos de alta actividad, ni el temporal ni mucho menos el definitivo, a pesar de todo lo que ofrece. Hoy, el objetivo de Enresa es modesto, pero difícil: encontrar un almacén temporal centralizado nuclear español (ATC) con una capacidad de 6.700 toneladas, una vida de 100 años y un coste de 500 millones de euros
La urgencia del ATC responde a tres factores:
*la saturación de las piscinas de refrigeración de las centrales nucleares, donde actualmente se almacenan los residuos de alta actividad;
*en 2010 regresan de Francia 12 metros cúbicos de residuos de alta actividad, junto a 650 metros cúbicos de baja actividad, procedentes del reprocesado del combustible de Vandellós 1, enviados tras el incendio sufrido por la nuclear en 1989. En el acuerdo firmado con la empresa francesa Cogema se fijaron penalizaciones de 50.000 euros por día, a partir 2010;
*a partir de 2011 regresan los 600 kilogramos de plutonio y 100 toneladas de uranio, enviados al Reino Unido por la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Enresa dispone de un almacén nuclear en El Cabril (Córdoba) para residuos radiactivos de baja y media actividad, pero en él no se permiten almacenar residuos de alta actividad. La central de Trillo (Guadalajara) tuvo que construir un almacén temporal individual (ATI) cuando su piscina de refrigeración alcanzó su tope de capacidad en 2002, y Zorita (Guadalajara), que se cierra el 30 de abril de este año, también dispondrá de su propio ATI. Y si el ATC no está operativo en 2010, como es probable, serán precisos almacenes temporales individuales en Cofrentes (Valencia) y Ascó (Tarragona).
Enresa anunció en 2005 que el municipio que acoja el ATC recibirá doce millones de euros anuales, cifra que se ampliará a dieciocho millones cuando a partir de 2030 empiece a caducar la vida estimada de las centrales nucleares españolas. Pero ni aún así han encontrado ningún municipio que se ofrezca, y la situación empeorará cuando se aborde la construcción de un almacén definitivo, el denominado almacén geológico profundo (AGP), cuyo coste se elevaría, según la propia Enresa, a 12.000 millones de euros.

Lo lógico es que todos estos costes los asumiesen las empresas propietarias, que son las que nos han embarcado en la opción nuclear y han facturado los kWh producidos. ¿Y qué dicen los defensores de la energía nuclear de esta patata caliente que son los residuos radiactivos de alta, y que nadie quiere ni sabe como solucionar? Y mientras no tengan solución, mas les valdría callarse.
Proliferación nuclear
Las centrales nucleares son la rentabilización de las enormes inversiones realizadas en la industria militar. Buena parte de su éxito posterior se debe a sus aplicaciones militares y raro es el gobierno que no aspira a tener su bomba atómica, para lo que basta tener alguna central nuclear, dominar el enriquecimiento o el reprocesamiento, extrayendo el plutonio. Un mundo sin centrales nucleares será mucho más seguro y pacífico. EE UU y Rusia conservan 30.000 cabezas nucleares y existen 5.000 toneladas de uranio enriquecido y 450 toneladas de plutonio en poder de varios países, suficientes como para fabricar varios miles de bombas atómicas. De caer alguna de ellas en manos de algunos de los muchos grupos terroristas, las consecuencias serían catastróficas. El silencio que rodea todo lo relacionado con la proliferación nuclear recuerda al avestruz que ante el peligro mete la cabeza debajo de la tierra, pero la proliferación sigue presente y es una amenaza mucho mayor y más inmediata que el cambio climático. Hay registrados más de medio millar de incidentes de contrabando de productos nucleares confirmados desde 1993 por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de la ONU que debe velar por el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear, un documento cada vez más ignorado, y desde luego arbitrario, pues pretende sancionar el monopolio sobre el terror. Cualquier país amenazado por Estados Unidos o Israel tratará de acceder tarde o temprano al armamento atómico, algo que cada vez es más fácil.
Muchos de los programas nucleares sólo enmascaran la decidida voluntad de hacerse con armamento nuclear. Los casos más conocidos son Israel, Suráfrica, Irak, Irán, Corea del Norte, Pakistán e India, pero lo cierto es la que los llamados usos pacíficos de la energía nuclear siempre han estado ligados desde su origen a los usos militares.
La crisis de la energía nuclear
Hoy la industria nuclear está sumida en una profunda crisis. Hay en el mundo 443 reactores nucleares comerciales en operación, con una potencia instalada de 369 Gigavatios (1 GW=1.000 MW). La energía nuclear, presentada hace 35 años como la alternativa al petróleo, al gas natural y al carbón, hoy sólo representa el 5,7% del consumo mundial de energía primaria, a pesar de los dudosos métodos de contabilidad, pues se considera el calor producido en la fisión y no la electricidad realmente producida. Con unos métodos menos manipulados, e idénticos a los que se aplican a las energías renovables, la participación de la energía nuclear se reduce a menos del 2% del consumo mundial de energía primaria.
Hoy sólo se están construyendo 26 centrales, con una potencia de 20,8 GW, el menor número desde hace 35 años, respondiendo a pedidos de años anteriores. La cifra de pedidos es insuficiente para mantener una industria nuclear, que sólo se mantiene gracias al despilfarro de recursos públicos.
La potencia instalada en 2006 (369 GW) es sólo un 12% superior a la de 1990 (328 GW), cifra doce veces inferior a los 4.450 GW previstos por la AIEA en 1974 para el año 2000. La energía nuclear, agobiada por problemas de seguridad, almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos, costes disparatados, alternativas mejores como las centrales de ciclo combinado de gas natural y los aerogeneradores eólicos, el aumento de la eficiencia y las energías renovables, y la oposición de una opinión pública bien informada, no tiene ningún futuro, a pesar de los esfuerzos realizados para diseñar nuevos reactores más seguros, utilizando para ello enormes recursos públicos. Mientras, un total de 110 reactores con una potencia instalada de 35.309 MW han cerrado definitivamente. La vida media de operación es inferior a los 18 años, muy alejada de los 40 años prevista por las empresas constructoras, que incluso quieren alrgar la vida de las centrales totalmente amortizadas a 60 años.

20 años después de Chernóbyl
El accidente de la central nuclear de Three Miles Island en EE UU en 1979 pudo haber tenido consecuencias catastróficas, evitadas por los pelos, pero fue lo suficientemente grave como para acabar con los programas nucleares en la mayor potencia económica.
Este año se conmemora el 20 aniversario de la catástrofe nuclear, que ha dejado más de 25.000 muertos, entre militares y civiles, desde 1986, aunque la propaganda nuclear pretende reducir la cifra a la décima parte. La cifra de afectados por cáncer a consecuencia de este desastre alcanzará su punto álgido de aquí al año 2020. Miles de personas padecen cáncer de tiroides en distintas áreas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia
La noche del 25 al 26 de abril de 1986, a la 1 y 23 de la madrugada del sábado, en el reactor número 4 de Chernóbyl, tuvo lugar el mayor accidente de la historia nuclear. Los efectos de la radiactividad han superado todas las previsiones, y la verdadera magnitud de los daños se va conociendo años después. Ya han muerto más de 25.000 personas, y al menos 7 millones han sido contaminadas por la radiactividad. La catástrofe de Chernóbyl afectó gravemente a Bielorrusia, Ucrania y Rusia, causando pérdidas incalculables, y daños terribles a las personas, a la flora y a la fauna. Más de 160.000 km2 están contaminados. El accidente de Chernóbyl fue una de las mayores catástrofes ambientales, y sus costes superan los 250.000 millones de dólares, según un estudio oficial del gobierno ruso, revelado por el Wall Street Journal.
Los cuatro reactores existentes en Chernóbyl eran del modelo RBMK-1.000, un peligroso modelo de agua en ebullición, moderado por grafito. Todavía hay en funcionamiento varios reactores nucleares del tipo RBMK, y su cierre ha sido pospuesto por razones económicas, a pesar de sus riesgos, puestos de manifiesto en la catástrofe de Chernóbyl. En Chernóbyl funcionaban 4 reactores, y se estaban construyendo dos más.
Curiosamente el accidente se produjo al realizar un experimento relacionado con la seguridad, en el que se pretendía demostrar que la electricidad producida por el alternador a partir de la inercia de la turbina sin vapor podría usarse para alimentar ciertos componentes del sistema de refrigeración de emergencia, durante periodos cortos, hasta que pudiera disponerse de los generadores de emergencia. Inicialmente se preveía experimentar con una reducción de la potencia, desde 3.000 megavatios térmicos a 1.000 MWt, pero sin embargo el reactor no pudo estabilizarse con suficiente rapidez, y la potencia se redujo a sólo 30 MWt. Al acumularse una energía en el combustible del orden de 300 cal/g, se produjo una disgregación del combustible seguida por una explosión. Dos o tres segundos después ocurrió una segunda explosión, causada probablemente por la liberación de hidrógeno cuando el vapor oxidó al zirconio de las varillas del combustible.
La violencia de la energía desprendida provocó la elevación de la losa soporte del reactor, de dos toneladas, haciendo inoperativo el sistema de contención. La entrada de aire facilitó la combustión del grafito. Fueron necesarios nueve días de heroico esfuerzo para poder controlar el incendio posterior a la explosión del reactor. Para controlar el fuego y contener la radiactividad, los helicópteros lanzaron sobre el núcleo del reactor más de 5.000 toneladas de plomo, boro y otros materiales. Posteriormente se construyó un gigantesco sarcófago, hecho con 410.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de acero; el sarcófago fue terminado en noviembre de 1986 y hoy debería ser sustituido por otra estructura. El reactor dañado permanecerá radiactivo como mínimo los próximos 100.000 años.
El accidente fue detectado el lunes 28 de abril de 1986, a las 9 de la mañana, en la central nuclear sueca de Forsmark, unos 100 kilómetros al norte de Estocolmo, donde los contadores Geiger registraban niveles de radiactividad 14 veces superiores a lo normal. Primero se pensó en un escape en la propia central (las primeras noticias de las agencias de prensa hablaban de un accidente en una central sueca), pero un exhaustivo control mostró que la central funcionaba perfectamente y que la radiactividad venía de lejos. Cuando los suecos reclamaron una explicación, las autoridades soviéticas respondieron con evasivas. Doce horas después de la primera alerta de Forsmark, un comunicado del consejo de ministros de la URSS leído en la televisión reconoció que se había producido un accidente en Chernóbyl. La población de la zona no fue informada en los primeros días de la gravedad de la situación, lo que agravó los efectos.
En el accidente de Three Mile Island, en Pensilvania (Estados Unidos), en 1979, se liberaron 17 curios. En Chernóbyl, según las autoridades soviéticas, fueron 50 megacurios (50 millones de curios) de los más peligrosos radionucleidos, a los que hay que añadir otros 50 megacurios en gases radiactivos inertes. Las cifras reales fueron mayores que las declaradas por el gobierno soviético. Para la OCDE las emisiones ascendieron a 140 megacurios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el accidente de Chernóbyl se emitió 200 veces más radiactividad que la liberada por la suma de las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, aunque el gobierno de Ucrania afirma que fue 500 veces más.
Consecuencias
Toda la población en un radio de 30 kilómetros fue evacuada. Aún hoy cerca de 375.000 personas aún no han podido regresar a sus hogares, según la OMS. La ciudad de Pripiat, que contaba con 50.000 habitantes antes del accidente, hoy está abandonada, y en la llamada zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbyl sólo habitan 556 ancianos que no tienen otro lugar a donde ir o no se han adaptado a vivir fuera de sus pueblos de origen. Un total de 105.000 km2 presentan una contaminación superior a un curio por km2, y según la AIEA hay 825.000 personas viviendo en áreas con más de 5 curios/km2. Según las Naciones Unidas un área del tamaño de Holanda ha quedado inutilizable permanentemente para usos agrícolas. La mayoría de las 31 personas muertas inmediatamente, trabajadores de la central y bomberos que acudieron a apagar el incendio, están enterradas en el cementerio de Mitinskoe. Pero la radiactividad, a no ser que se reciban dosis extremadamente altas, mata lentamente y no hay dosis admisibles por debajo de las cuales ésta deja de ser peligrosa.
Cerca de 800.000 personas, los liquidadores, participaron en la construcción del sarcófago que envuelve el reactor o en las tareas de descontaminación y limpieza, recibiendo altas dosis de radiactividad, superiores en un 7% de los liquidadores a más de 250 mSv (milisievert), aunque muchos superaron los 500 mSv; la dosis máxima admisible reconocida internacionalmente para la población normal es de 5 mSv/año. Según el gobierno de Ucrania, más de 8.000 liquidadores han muerto, y otros 12.000 están seriamente afectados por las radiaciones. En Rusia el 38% de los 300.000 liquidadores padecen enfermedades a causa de las radiaciones recibidas, según el propio gobierno ruso.
Una de las consecuencias de la catástrofe de Chernóbyl fue la absorción por el organismo de miles de personas de grandes cantidades de yodo-131 y cesio-137. El yodo-131, aunque tiene una vida corta, se acumula en la glándula tiroides, causando hipertiroidismo y cáncer, sobre todo en los niños. El cesio-137 tiene una vida media de 30 años, por lo que sus efectos aún se harán notar.
El ADN de las células germinales que transmiten la información genética fue dañado por la radiactividad, algo que no ocurrió ni en Hiroshima ni en Nagasaki, según un estudio dirigido por Yuri Dubrova, del Instituto Vavilov de Genética General con sede en Moscú, publicado en la revista Nature. Las secuelas de Chernóbyl perdurarán durante varias generaciones. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1995 el cáncer de tiroides en Bielorrusia era 285 veces más frecuente que antes de la catástrofe, y las enfermedades de todo tipo en Ucrania eran un 30% superiores a lo normal, debido al debilitamiento del sistema inmunológico causado por las radiaciones. En la región de Gomel, en Bielorrusia, los cánceres de tiroides entre la población infantil se han multiplicado por cien, y el número de casos no para de aumentar. Las leucemias, cuyo periodo de latencia es más largo, empiezan a aparecer, sobre todo entre los liquidadores; la tuberculosis es una de las enfermedades que más ha crecido entre las personas afectadas.
Las aberraciones cromosomáticas, precursoras de leucemias y cánceres, han sido igualmente detectadas, al igual que enfermedades del sistema endocrino, nervioso, digestivo y cardiovascular, así como las cataratas. Según el profesor Alexander Ivanovich Avramenko, jefe del Departamento de Protección de la Salud de Kiev, "la morbilidad general ha aumentado un 30%, la hipertensión se ha triplicado, la isquemia cardíaca se ha incrementado un 103%, las úlceras un 65,6%, la diabetes un 61%, y los ataques cardíacos un 75%. Los patrones clínicos están cambiando para muchas enfermedades debido a la depresión del sistema inmunitario".
Los niños están entre los más afectados, y son muchos los que padecen cánceres de tiroides, hígado y recto. Las malformaciones entre los recién nacidos se han duplicado en los últimos años. Según Dillwyn Williams, profesor de histopatología en la Universidad de Cambrigde y uno de los mayores expertos mundiales en cáncer de tiroides, el 40% de los niños expuestos a altos niveles de radiación cuando tenían menos de un año desarrollarán cáncer de tiroides. Miles de personas contraerán cánceres a consecuencia del accidente de Chernóbyl en los próximos 30 años. Williams es presidente de la European Thyroid Association. En una conferencia de la OMS sobre las consecuencias sanitarias de Chernóbyl en Ginebra, Williams señaló acerca de la incidencia del cáncer de tiroides en Bielorrusia y Ucrania que "he hecho algunas sumas y la respuesta me aterroriza".
La mayor incidencia de los casos de tiroides en Gomel están concentrados en una zona situada a más de 200 kilómetros de Chernóbyl, lo que significa que los planes de emergencia en caso de accidente nuclear deben ser rediseñados. En la conferencia de la OMS, en que participaron unos 500 científicos procedentes de 40 países, se criticaron duramente las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), cuyo único interés es promocionar a cualquier precio la energía nuclear. Chernóbyl, y sus consecuencias, son la mejor demostración de las falacias de la AIEA, cuya inutilidad fue puesta de manifiesto por el programa nuclear de Irak, en teoría bajo su control. Los efectos de Chernóbil causarán a largo plazo decenas de miles de muertes, y algunos autores calculan que pueden producirse más de un millón de casos de cáncer, sobre todo en Bielorrusia, Ucrania y Rusia.
Aguas radiactivas
El río Pripiat llevó la radiactividad a su afluente, el río Dnieper (el tercer río europeo por su caudal) y que tras recorrer 800 kilómetros y seis grandes embalses, desemboca en el Mar Negro. El agua contaminada por los residuos radiactivos puede llegar a afectar a unos 30 millones de personas, según un informe elaborado por 59 científicos de 8 países, bajo la dirección del italiano Umberto Sansone: más de 9 millones beben agua contaminada, y otros 23 millones de personas comen alimentos regados con aguas radiactivas o peces con niveles inaceptables de radiactividad. Las balsas y pequeños embalses construidos para retener las aguas contaminadas a la larga agravaron el problema, pues fueron rebasadas al caer las primeras lluvias intensas.
Los peces del lago Kojanovskoe, en Rusia, presentan niveles de radiactividad 60 veces superiores a los límites de seguridad de la Unión Europea, llegando a alcanzar los 40.000 bequerelios de cesio-137 por kilogramo (el límite de la UE es de 600 bequerelios por kilogramo). La única alternativa es la completa prohibición del consumo de pescado en la región. El agua contaminada es posiblemente la mayor amenaza diez años después del accidente. El accidente depositó 380 terabequerelios (380 x 1012 bequerelios) de estroncio y plutonio en la zona alrededor del reactor. “No se puede parar el flujo del agua”, afirma Sansone. Pero los problemas de Chernóbyl están lejos de haber acabado. El 11 de octubre de 1991 se produjo un incendio en el reactor nº2, y los reactores 1 y 3 siguieron funcionando, debido a la crisis económica que sufre Ucrania desde la desmembración de la URSS. Aún hoy 400 kilogramos de plutonio, más de 100 toneladas de combustible nuclear y otras 35 toneladas de polvo radiactivo, permanecen dentro del maltrecho sarcófago de plomo, boro y cemento que envuelve la central y que necesita ser reparado o sustituido con urgencia. El sarcófago, diseñado en teoría para aguantar 30 años, necesita ser reparado o sustituido con urgencia, al tener 200 m2 de grietas y graves problemas de estructura. Cerca de 12.000 personas trabajan en la zona contaminada, y siguen recibiendo dosis inadmisibles de radiactividad.

Desastre económico
Chernóbyl no sólo fue un desastre para la vida y la salud de millones de personas. Fue, también, un gran desastre económico, y muchos creen que fue una de las causas determinantes de la caída del régimen soviético en la antigua URSS. Sólo las tareas de limpieza en los tres primeros años alcanzaron los 19.000 millones de dólares, y ya han superado los 120.000 millones de dólares.
El gobierno de Bielorrusia estima que sólo en su país en el horizonte del año 2015 el accidente habrá costado más de 230.000 millones de dólares. El coste total, según el Research and Development Institute of Power Engineering, alcanzará los 358.000 millones de dólares (el coste de unas cien centrales nucleares), cifra resultante de sumar los costes del tratamiento médico, descontaminación, traslados y realojamiento de la población afectada, electricidad que se ha dejado de producir y limpieza de las zonas afectadas. Con lo que costará el accidente de Chernóbyl se podrían haber sustituido todas las centrales nucleares del mundo por centrales de ciclo combinado de gas natural (el 80% de la potencia) y aerogeneradores eólicos (el 20% restante), y aún sobrarían 200.000 millones de dólares.
La energía nuclear, como reconocen ya hasta los sectores más conservadores, es una ruina total. Ningún argumento a favor de la energía nuclear resiste un examen profundo, y los países ricos, que gastan cada año miles de millones en investigación nuclear, harían mejor uso si los consagraran a las energías renovables.
Bielorrusia gastó algunos años hasta el 25% de su PIB en superar los problemas causados por Chernóbyl, Ucrania destina el 6% de los gastos estatales y Rusia el 1%, cifras ambas muy inferiores a las que serían necesarias. La crisis económica forzó a Ucrania a mantener en funcionamiento uno de los cuatro reactores existentes en Chernóbyl, y el gobierno sólo los cerró tras recibir 4.400 millones de dólares por parte de EE UU y la Unión Europea. En el año 2000 la Comisión Europea aprobó la concesión de un préstamo Euratom de 585 millones de dólares para acabar de construir dos reactores atómicos que suplirán a la vieja central nuclear. Este préstamo a 20 años viene a sumarse al concedido por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) de otros 215 millones de dólares para acabar, modernizar y poner en servicio la unidad 2 de la central nuclear de Khmelnitsky (K2) y la unidad 4 de la central nuclear de Rivne (R2).
Definitivamente el problema asociado al uso de energía nuclear, es el manejo y disposición de sus residuos. El combustible gastado en centrales nucleares tiene una elevada radiactividad y su periodo de enfriamiento se calcula entre 20 mil y 100 mil años.
La peligrosidad de los residuos radioactivos es el principal argumento de grupos ecologistas para oponerse al uso de energía nuclear. Señalan que después de más de 60 años de desarrollo de esta energía artificial aún no existe la tecnología para su segura disposición, y agregan que ninguna formación geológica natural asegura una estabilidad por tantos años.

El Instituto de Ecología Política, a través de su página web, enfatiza que “el peligro de una explosión no sólo es latente sino real. Las explosiones nucleares producen diversos tipos de impactos radiactivos, todos tremendamente destructivos”. Donde los efectos secundarios impactan a la población por irradiación de tejidos, daños a las estructuras celulares y ADN, una de cuyas expresiones es el cáncer.
Para la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, la energía nuclear es una “alternativa obsoleta”, que los países en desarrollo están dejando de lado.

DIME QUE COMES Y TE DIRÉ QUIEN ERES.MAIZ TRANSGÉNICO PELIGRO PARA COLOMBIA

MISIÓN AMBIENTAL transcribe el documento emitido por el grupo Semillas .org, por considerarlo de vital importancia para el futuro de la alimentación en nuestra Nación.

El Gobierno de Uribe desconociendo el enorme debate que existe en el mundo alrededor de las semillas y de los cultivos transgénicos, y de una manera arbitraria e inconsulta, mediante las Resoluciones 464 y 465 de 2007, autorizó las siembras de tres variedades de maíz transgénico (Bt y resistente a herbicidas), en los departamentos de Córdoba, Sucre, Huila y Tolima. Esta decisión precipitada y unilateral se tomó sin haberse realizado de manera completa e integral los estudios que demuestren la seguridad y conveniencia de estas tecnologías para el país y para los agricultores. Igualmente el Gobierno ha desconocido las voces de rechazo frente a estos cultivos, expresadas por comunidades, indígenas y campesinos y organizaciones ambientalistas; tampoco tuvo en cuenta, el concepto técnico sobre estas solicitudes, emitido por el Ministerio de Ambiente (MAVDT), sobre las solicitudes para la liberación comercial, presentadas por Monsanto y Dupont. Dicho concepto señala la insuficiencia de las evaluaciones de bioseguridad realizados por el ICA y menciona otros estudios que debieron haberse realizado. Lo anterior muestra la ligereza y poco rigor científico que tiene el gobierno nacional para tomar decisiones de trascendental importancia para el país.

El ajuste del marco jurídico sobre bioseguridad, da vía libre a los transgénicos en Colombia.

A finales del año 2005, el gobierno de Colombia realizó transformaciones fundamentales en materia jurídica relacionada con la introducción de organismos transgénicos, con el fin de facilitar y agilizar la adopción de estas nuevas tecnología en el país. Es evidente que en este proceso hubo una enorme presión por parte de las empresas biotecnológicas que promueven estos cultivos en todo el mundo. Es así como a pesar de las enormes preocupaciones, cuestionamientos y demandas judiciales que organizaciones de la sociedad civil interpusieron desde el 2002, por la forma cuestionable, inconsulta y sin sustento científico y jurídico, que se utilizó para aprobar la liberación comercial del algodón Bt; y posteriormente otros cultivos y alimentos GM; el Gobierno insiste en abrir totalmente las puertas a estas empresas, con la esperanza que van a ser la redención para la profunda crisis del sector agrario.

La Acción Popular interpuesta en contra de Monsanto y el Ministerio de Ambiente, por la no tramitación de una Licencia Ambiental para la liberación comercial del algodón Bt, fue Fallada por el Consejo de Estado, en mayo de 2005, en donde ordenó la obligación de tramitar licencias ambientales para la introducción de OGM en el país; pero el Gobierno, a través de los Ministerios de Agricultura y Ambiente, no aceptaron este fallo. Es así como el gobierno le pidió un nuevo concepto al Consejo de Estado, sobre este fallo y esta Corte, insólitamente y sin ninguna argumentación, que deja muchas dudas sobre la presión del Gobierno, reversa su propio fallo y dice que los OGM no requieren licencia ambiental.

Es en este contexto como el gobierno toma la decisión de expedir, en diciembre de 2005 el Decreto 4525 que reglamenta la Ley 740 de 2002 (Ley que ratifica el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad). Hasta esa fecha, en el país solamente existía la Resolución del ICA 3492 de 1998, que reglamenta los OGM de uso agrícola y la Resolución 2935 de 2001, que reglamenta OGM de uso pecuario. Mediante este Decreto, se pretende reemplazar la obligación que tiene el Estado de elaborar una norma de Bioseguridad que verdaderamente proteja, no sólo los ecosistemas del país, sino, la biodiversidad y la salud humana de la población.

El Decreto 4525, un insulto a la bioseguridad

Este decreto, evidentemente le facilita la entrada de todo tipo de OGM, de uso agrícola, pecuario, forestal, ambiental, alimentario, y está hecho a la medida de las trasnacionales semilleras, que necesita agilizar los trámites para la aprobación de transgénicos en el país, con el total aval del gobierno nacional. Algunos de los aspectos más críticos de este decreto son:

· Atomización de las competencias en materia de bioseguridad: El Decreto asigna a cada una de las autoridades competentes, los trámites para la autorización y el control de las actividades que son exclusivamente de su competencia, de forma aislada e independiente, mediante la creación de tres CTNBio independientes. Es decir al Ministerio de Agricultura evalúa y aprueba (transgénicos de uso agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones forestales y agroindustriales); al Ministerio de Ambiente (transgénicos para uso ambiental), y al Ministerio de la Protección social (transgénicos de uso para la salud y para alimentación humana). No existe ningún sustento científico que permita establecer las líneas divisorias que limitan las competencias en el ámbito agrícola, ambiental y la salud, cuando en el mundo la tendencia es a evaluar integralmente estos aspectos.
· El trámite de la solicitud, la evaluación y gestión del riesgo: La solicitud se presenta sólo ante la autoridad competente de acuerdo con el uso principal que se le asigne a un determinado OGM, pero no tiene que hacerse evaluaciones rigurosas en otros aspectos que son igualmente fundamentales. Adicionalmente las evaluaciones de riesgo que debería hacer las autoridades, son realizadas por el solicitante, convirtiendo al interesado en “en juez y parte”; por lo que se pierde objetividad, independencia y rigor científico, que se requiere en este tipo de evaluación. También es crítico que en la evaluación de riesgos se homologan estudios; puesto que gran parte de los documentos que sustentan las solicitudes que entregan las empresas, se basan en estudios realizados en otros contextos o avalados por estas mismas empresas.

Los cultivos de maíces transgénicos se aprobaron de forma vergonzosa

En el año 2003 y 2004, Monsanto y Dupont presentaron ante el CTN del ICA, las solicitudes para la liberación comercial de los siguientes maíces: maíz Bt YieldGard (de Monsanto) - maíz Roundup Ready (de Monsanto) y maíz Herculex I Bt y tolerante al herbicida glufosinato de amonio (de Dupont)

Luego a finales del 2005, estas solicitudes pasaron a estudio al CTN Agrícola del ICA, en el marco del Decreto 4525. El ICA, continuó con ensayos puntuales principalmente de evaluaciones de eficiencia agronómica de la tecnología y no de estudios completos de bioseguridad. Finalmente a inicios del 2007 anuncia la aprobación de siembras comerciales “controladas” de las tres variedades de maíz transgénico.

Previo a la decisión de liberar estos tres tipos de maíces transgénicos en Colombia, el CTN del Ministerio de Agricultura se reunión dos veces, el 31 de enero y el 23 de febrero de 2007. En la primera reunión, las entidades que hacen parte de este CTN consensuaron que se ampliarían los estudios y las evaluaciones relacionadas con las variedades de maíces transgénicos que se pretendían liberar. Esta decisión estuvo, en gran parte, sustentada en un concepto técnico emitido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, en el cual se cuestionaron los ensayos hasta ahora realizados por el ICA; en este documento se señalaron estudios adicionales que no había sido tenidos en cuenta. Sin embrago y a pesar de estas preocupaciones, el día 23 de febrero el CTN convocó una reunión de carácter extraordinario a petición del Presidente de la República, Álvaro Uribe (como consta en el Acta del CTN), y en esta reunión de manera arbitraria el CTN cambió su decisión y autorizó siembras controladas de maíz transgénico, a pesar de que en esta reunión no participó el representante del MAVDT (como consta en el acta) y lo más crítico es que se desconoció el concepto emitido anteriormente por ésta autoridad competente. , y por otro lado, sin aclarar de manera técnica el significado y el alcance del concepto “Siembras controladas”, puesto que en realidad son siembras comerciales, porque el único requisito para que cualquier agricultor siembre maíz GM es que se inscriba en el ICA. En este sentido son cuestionables las razones de carácter técnico y científico que respaldaron y sustentaron el cambio de decisión en la reunión del CTN Bio del 23 de febrero, en cuanto a autorizar siembras controladas de carácter comercial en lugar de mantener la decisión adoptada en la reunión del CTN del 31 de enero en la cual se aprobaron “ensayos experimentales de mayor escala”. Es evidente y vergonzoso que los criterios para esta aprobación fueron eminentemente de carácter político y no con base en criterios técnicos, científicos y socioeconómicos.

Los maíces transgénico, aprobados por el INVIMA para alimentación humana y animal

Desde hace más de una década Colombia está importando masivamente maíz (más de 2 millones de toneladas en 2006), y con toda certeza gran parte de este es transgénico, proveniente de Estados Unidos y Argentina. Estas importaciones se han realizado sin ningún control y regulación por parte del INVIMA. Aunque en el país no existía una norma de bioseguridad para evaluar y aprobar OGM de uso alimentario o que puedan tener riesgos y efectos para la salud humana, esta institución aprobó antes de la expedición del Decreto 4525, varios productos derivados de OGM, para uso alimentario, mediante la expedición de los registros sanitarios; sin haberse realizado los estudios de bioseguridad pertinentes, e insólitamente a partir de estudios realizados en otros países entregados por las empresas. Es decir la aprobación se hizo solo sobre papeles, sin haberse realizado ninguna prueba de laboratorio, puesto que el INVIMA no cuenta con la infraestructura logística para realizar estas pruebas.
Estudios de maíces transgénicos realizados por el ICA y las empresas, entre 2004 y 2006
En el proceso de evaluación y aprobación de las solicitudes presentadas por Monsanto y Dupont, se realizaron los siguientes ensayos puntuales en la región Caribe y el Tolima:

1. Ensayos semicomerciales sobre la evaluación del efecto de la tecnología Yieldgard sobre poblaciones de artrópodos en el cultivo del maíz en las subregiones del caribe húmedo colombiano y Alto Magdalena.
2. Evaluación de la eficacia del gen con la tecnología Herculex I con resistencia a glufosinato de amonio en maíz – Córdoba 2006.
3. Evaluación del efecto de la tecnología Herculex I sobre poblaciones de artrópodos en el cultivo del maíz en la subregion del Caribe húmedo colombiano.
4. Ensayos del flujo genético de maíces modificados hacia convencionales en los departamentos de Córdoba y Tolima – 2004 y 2006.
5. Ensayo de flujo genético de la tecnología Herculex I en el departamento del Córdoba 2006.
6. uso de forraje y grano de maíz con tecnología conjunta Yieldgard (resistente a insectos lepidópteros) x Roundup Ready (resistente a herbicidas) como materia prima en la elaboración de alimentos para consumo animal.

Aspectos Críticos de la aprobación del maíz transgénicos

· El maíz patrimonio genético de la nación y base de la soberanía alimentaria.
El Gobierno Colombiano está dando vía libre a estos alimentos y cultivos, poniendo en riesgo la biodiversidad del país y la soberanía alimentaria, mientras en el mundo la discusión gira en torno a los posibles riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad, la salud humana y los efectos socioeconómicos. Lo preocupante es que no se han realizado suficientes estudios que garanticen la seguridad y los beneficios reales de estos productos transgénicos, especialmente en países megadiversos como Colombia.

Colombia es centro de convergencia entre América central, la cordillera de los Andes y las tierras bajas de Sur América, constituyéndose en uno de los centros de mayor diversidad en el mundo. En el país el cultivo de maíz reviste gran importancia, debido a que ha sido la base de la alimentación de gran parte de la población rural y urbana y a la complejidad ecosistémica y cultural del territorio. Esta situación ha generado una amplia diversidad de variedades nativas que se han desarrollado y adaptado a las diferentes regiones ecológicas, culturales y productivas. Es por ello que la introducción de maíz transgénico es muy crítica y preocupante para países como Colombia, puesto que son centros de origen y diversidad de maíz. En Colombia existen reportadas 23 Razas de maíz: (2 Razas primitivas, 9 Razas introducidas y 12 Razas híbridas (tanto remotas y recientes). De cada una de ellas existen cientos de variedades y ecotipos, que han sido creadas, mejoradas y conservadas por cientos de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Es así como en los bancos de germoplasma de maíz de Corpoica, se conservan más de 5.600 accesiones de maíz, la mayoría recolectadas en Colombia.

Aunque las evaluaciones que realizó el ICA, conjuntamente con Monsanto y Dupont, con relación a la introducción de cultivos de maíz transgénico, podrían considerarse más como evaluaciones agronómicas, que estudios de bioseguridad como tal. Uno de los aspectos más críticos de este proceso, es la invisibilización total que se tiene de los posibles impactos de maíz transgénico sobre el valioso patrimonio genético que tiene el país y el desconocimiento de la fuerte cultura del maíz que todavía está arraigada en millones de campesinos en todo el territorio nacional. Es inaceptable que en esta evaluación de maíces GM, no se tengan en cuenta consideraciones sobre la enorme diversidad de maíz en Colombia y tampoco sobre aspectos socioeconómicos y culturales del maíz.

· Estudios insuficientes y laxos sobre flujo genético
Aunque el ICA realizó evaluaciones de flujo genético, éstas fueron incompletas y no consideraron las cientos de variedades de maíces que existen en Colombia. Evidentemente el centro de origen del maíz es Mesoamérica y Colombia es un centro de convergencia y diversidad, pero el ICA y estas empresas argumentan que como Colombia no es el centro de origen, no hay ningún problema de cruzamiento y contaminación porque en el país no existen parientes silvestres de Teocintle y Tripsacum. El debate lo centran exclusivamente en el hecho de si se puede cruzar maíz transgénico con especies silvestres, pero desconocen totalmente que existen cientos de variedades criollas que pertenecen a las 23 razas nativas de la especie Zea mays, las cuales pueden cruzarse en condiciones naturales con las variedades transgénicas. Desconocer que existe un peligro real de hibridación tanto en los centros de origen como en los de diversificación, es una discusión sin fundamento científico.

Es inaceptable que el ICA y las empresas saquen conclusiones sobre la seguridad de flujo genético, solo con la realización de unas evaluaciones puntuales de las variedades transgénicas con unas pocas variedades no transgénicas. Además es una vergüenza nacional que estos ensayos se realizan sin que el ICA como autoridad nacional sobre los recursos filogenéticos del país, no tenga un inventario actualizado del germoplasma de maíz existente en el país y mucho menos, no tiene la más remota idea sobre la biodiversidad de maíz que conservan y utilizan las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Esto se evidencia en que el ICA solo prohíbe la siembra de estas semillas de maíz GM en territorios indígenas, desconociendo que el maíz es también un patrimonio genético de millones de campesinos y que también podrían ser afectados. Es inaudito que los más recientes estudios completos sobre inventario y caracterización de maíz en Colombia fueron realizados por Torregrosa, 1957 y Robert, et al, 1957. Esto demuestra la desidia y poca valoración que el gobierno le da a este importante patrimonio Nacional. Entonces, ¿Cómo es posible que se saque irresponsablemente conclusiones de seguridad sobre gran parte del germoplasma de maíz que ni siquiera conoce el ICA? El hecho que muchos de los maíces criollos no estén en los inventarios nacionales actuales, no es argumento para que se desconozca los impactos que puedan tener con los maíces transgénicos.

Teniendo en cuenta la existencia de un alto número de variedades criollas de maíz, la introducción de variedades transgénicas puede generar efectos adversos en el medio ambiente, en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria, considerando las características fisiológicas de esta planta en cuando a su reproducción (el maíz es una planta alógama, que se caracteriza por presentar un alto porcentaje de hibridación cruzada, como lo demuestran varios estudios que han probado el alto grado de hibridación natural del maíz con sus parientes silvestres (Tripsacum y Teocintle) y con variedades de maíz cultivadas). Adicionalmente, este aspecto es más crítico, si se considera que la región Caribe es una de las zonas que mayor diversidad de maíz presenta en Colombia y es donde el ICA considera que es la región agroindustrial más importante y prioritaria para iniciar la siembra de maíz transgénico, con la expectativa de producción de alcohol carburante, como se expresa en las resoluciones 364 y 365 de 2007, en donde se autoriza estas siembras.

El ICA se lava las manos, excluyendo la siembra de maíz GM en resguardos indígenas.

Por otro lado el ICA en las resoluciones que aprueban las siembras de maíz transgénico, se establece una prohibición de siembra de este tipo de semillas en resguardos indígenas y se establece una distancia mínima de 300 metros del resguardo, en los cuales no se puede sembrar maíz transgénico. El cuestionamiento es que 300 metros nos son suficientes para separar los maíces convencionales y las semillas criollas de los maíces transgénicos; puesto que existen estudios en varias regiones, que han demostrado que con vientos fuertes y condiciones topográficas determinadas, el riesgo del polen de polinizar otros cultivos podría llegar a distancias hasta de 500 y 1000 metros, en condiciones de vientos moderados y de varios kilómetros con vientos fuertes, como son comunes en la región Caribe y en los llanos orientales (Torregrosa, 2000).

El ICA pretende de forma ingenia o premeditada, que se protegerá el patrimonio genético de maíz, separando los cultivos transgénicos de los no transgénicos, mediante la siembra a una distancia de 300 metros de los resguardos indígenas. Se desconoce el consenso mundial que la contaminación no solamente se da por factores ambientales como el viento y los insectos, sino también porque el maíz entra a los territorios indígenas y campesinos, vía importación de alimentos, y también mediante los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria, entre otras formas. Es cuestionable la forma como el gobierno determinó las áreas permitidas y no permitidas para la siembra de maíz transgénico. El ICA dice que la única restricción es establecer cultivos a 300 m, pero no define aspectos como: ¿Quién tiene prioridad para ser protegido y excluido de las siembras de maíz GM?, ¿Quién tiene que separarse 300 m., sería el que primero siembra?, ¿Quién va a controlar estos distanciamientos, y evitar la contaminación, en áreas de distribución totalmente desuniformes entre indígenas, campesinos y agroindustriales? ¿Qué pasa si un agricultor indígena o campesino que no quiera tener cultivos transgénicos es contaminado, quién sanciona y quién responde?

En una nota publicada en Portafolio, de mayo 28 de 2007, el ICA dice que realizaron la identificación mediante mapas georeferenciados, suministrados por el Incoder, de las áreas de resguardos indígenas en donde no se pueden hacer siembras de maíz transgénico, guardando una distancia de 300 metros. Sobre esto hay varios cuestionamientos: Por un lado es evidente que en el país muchas comunidades indígenas viven dentro de sus territorios ancestrales, que en muchos casos no coinciden con las áreas de resguardos como es el caso del resguardo Zenú en Córdoba y Sucre que según títulos coloniales tiene un área de 83.000 hectáreas y ello solo han logrado recuperar cerca de 25.000 hectáreas, pero en todo su territorio ancestral viven indígenas y campesinos que tienen numerosas variedades de maíces criollos. Igual situación ocurre en la sierra Nevada de Santa Marta en donde los pueblos indígenas consideran el límite de su territorio, la “línea negra”, que incluye zonas actualmente ocupadas por terratenientes y por agricultura agroindustrial. También como se define las áreas donde se limitara la siembra de maíz transgénico en un territorio tan complejo como el Cauca en donde los territorios ancestrales no coinciden con los resguardos actualmente reconocidos, y donde los indígenas y los campesinos en muchos casos conviven y comparten las semillas y sistemas tradicionales; pero también allí los resguardos son áreas discontinuas con presencia de terratenientes y áreas agroindustriales.

Además es inaceptable que el ICA, en la autorización de siembras de maíces GM, no excluya la siembra de estos maíces en zonas campesinas. Con esta determinación, esta desconociendo la importancia que tiene el maíz para la cultura y la soberanía alimentaria de los millones de campesinos del país, dejándolos absolutamente desprotegidos a comunidades y a las economías campesinas, quienes además aportan la mayor parte del maíz que todavía comemos los colombianos. En este sentido El ICA desconoció totalmente el concepto técnico emitido por el MAVDT, en donde indica que no se han realizado evaluaciones de riesgo en áreas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y señala la necesidad de realizar evaluaciones principalmente para los productores tradicionales que constituyen mas del 61% de la comunidad maicera del país.

Si el gobierno quisiera verdaderamente proteger el patrimonio genético del maíz de la contaminación con maíz GM, el cual está en manos de las comunidades indígenas y campesinas, debería excluir su siembra del territorio nacional, porque no es posible la coexistencia de ambos tipos de cultivos, puesto que irremediablemente ocurrirá la contaminación genética, si se siembran en un mismo territorio.
¿Será que el gobierno considera que las variedades criollas que han conservado y mejorado los campesinos son de menor categoría y valor genético y cultural que las variedades indígenas?, ¿Mediante que argumento técnico el ICA desprecia y subvalora este germoplasma y los sistemas de agricultura tradicional campesino? ¿Porque el gobierno no ha tenido en cuenta la mayoritaria y unificada posición de los campesinos e indígenas del país, que no quieren los cultivos transgénicos? ¿Porqué no han sido consultados estos pueblos y comunidades antes de tomar una decisión, que los puede afectar?

Los contratos firmados por los Agricultores y las Trasnacionales: “con la soga al cuello”

Cuando un agricultor “voluntariamente” acepta el uso de esta tecnología, las empresas dueñas de estas patentes, lo obligan a firmar un contrato, en donde se incluyen clausulas, con implicaciones judiciales como: El agricultor reconoce las patentes que protegen la tecnología y las semillas; el agricultor se compromete a: solo utilizar la semilla para una siembra (debe devolver las que sobren), no guardar semillas, regalarlas o comercializarlas. Además el contrato tiene clausulas de confidencialidad sobre la tecnología y también la empresa puede inspeccionar y realizar pruebas en campos sembrados con semillas MG, luego de 3 años. El incumplimiento del contrato, lleva a la terminación de este y la devolución de las semillas; permitiendo a la empresa la destrucción del cultivo sin indemnización y puede entablar una demanda que lleve a la privación de la libertad; como lo determina Ley 1032/jun. 2006, que modifica art. 306 del Código Penal, en donde se penaliza la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente. La norma dice que la pena consiste en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente con estos contratos, inevitablemente ocurrirá lo que ya ha sucedido en otras partes del mundo, en donde los agricultores han sido llevados a las Cortes judiciales porque a sus cultivos han llegado vía contaminación u alguna otra forma semillas transgénicas, y han sido condenados por tener semillas patentadas. Es decir que “el contaminado es el que paga”. Es por ello que la mayoría de los pequeños agricultores en el mundo que no quieren estos cultivos, exigen que se aplique el “principio de precaución”, en donde frente un inminente daño, es suficiente argumento para poder decir “no”.

Autorización de “siembras controladas”: Una liberación comercial disfrazada

Finalmente, una consideración bastante cuestionable es el concepto de “siembras controladas” que plantea el ICA en la autorización que le dio a las empresas Monsanto y Dupont. Los estudios realizados hasta febrero de este año, son aun estudios preliminares y muy puntuales y como ya se anotó principalmente se trata de pruebas agronómicas de la eficiencia de la tecnología. La pregunta para el ICA es ¿Qué significa siembras controladas”?, ¿Qué diferencia hay con siembras comerciales, puesto que de acuerdo a la resolución en donde se autoriza estas siembras, no se determina un límite de área a sembrar, y el único requisito que deben cumplir los agricultores es inscribirse en el ICA. Es por ello que es inaceptable que mediante un juego de palabras, se pretenda liberar comercialmente, por la puerta trasera el maíz transgénico, sin haberse realizado los suficientes estudios de bioseguridad.

Concepto Técnico del MAVDT con relación a la solicitud para introducción de maíz transgénico

En el marco de la solicitudes de maíces transgénicos que estaba estudiando el CTNBio del Ministerio de Agricultura, en donde participa el Ministerio de Ambiente, previo a la reunión realizada el 23 de febrero de 2007, le envió al CTNBio, un documento técnico que incluye los conceptos emitidos por el Instituto Von Humboldt y el SINCHI, en donde se presentan aspectos que no han sido considerados en las evaluaciones realizadas y se señalan recomendaciones respecto a estudios que se deben realizar sobre estos maíces transgénicos. De este documento se resaltan aspectos como:
Aspectos que se deben realizar en las evaluaciones de bioseguridad, en el marco de las solicitudes con maíz genéticamente modificado (tecnología Yieldgard y tecnología Herculex I),:
1. El MAVDT considera indispensable que en los estudios, ensayos y planes de bioseguridad establecidos para el desarrollo de actividades con OVM, lleven a cabo una evaluación ambiental integral, que mas allá de las consideraciones de índole agrícola y de algunas variables biológicas, contemple todas las variables de la evaluación ambiental, entendidas éstas como las consideraciones biológicas, ecológicas, sociales, económicas y culturales derivadas la las actividades con este tipo de organismos. Se reitera, que se requiere avanzar en estudios más completos y compresivos que los de carácter agronómico y biológico.
2. La evaluación de riesgos debe considerar análisis socioeconómicos y culturales más amplios, con visión de cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización y usuarios finales implicados y con una perspectiva nacional.
3. La evaluación deberá abordarse de forma comparativa entre tecnologías de bajo costo y de fácil acceso para los productores (convencional, comercial, orgánica, tradicional, transgénica), principalmente los tradicionales que constituyen mas del 61% de la comunidad maicera para el 2004.
4. Estudiar las diferentes prácticas tradicionales que están asociadas al cultivo del maíz teniendo en cuenta los diferentes grupos sociales y culturales que lo cultivan y las diferencias entre las regiones colombianas. Se debe informar al público sobre el tipo y características de las posibles afectaciones que puede presentar el maíz transgénico a esos diferentes grupos.
5. Es indispensable que se continúe con una nueva fase de ensayos, que permita dar continuidad al proceso de consolidación de información que permita garantizar el uso seguro de estos OVM y cualificar los procedimientos de evaluación y toma de decisiones.
6. Actualizar el inventario Nacional sobre maíces criollos. Así mismo, deberán definirse e implementarse acciones para su protección y conservación tanto in situ como ex situ, como es el caso del fortalecimiento de colecciones y de bancos de germoplasma.
7. Ampliar los ensayos a diferentes ciclos de cultivo y en diferentes ambientes agroecológicos, considerando que varias localidades y diferentes épocas de siembra generan una mayor base de información sobre diversas condiciones agronómicas, ambientales y ecológicas.
8. Se deben definir y priorizar la áreas del país que por su importancia en cuanto a presencia de variedades nativas podrían ser declaradas como zonas libres de maíz transgénico.
9. Establecer y adoptar las medidas para garantizar la coexistencia entre cultivos OGM y cultivos tradicionales de maíz y cultivos de maíz de agricultura orgánica.
10. Caracterizar ambientalmente las áreas previstas para continuar con las actividades de investigación a mayor escala, con énfasis en variables de clima, vientos, temperatura, humedad relativa y altitud.
11. Caracterizar la diversidad biológica de las áreas previstas para continuar con las actividades de investigación, considerando entre otros aspectos, presencia y tipo de ecosistemas naturales; presencia y proximidad a áreas protegidas; relación de las especies silvestres que interactuarían con los cultivos, con los cultivos, con énfasis en fauna permanente y esporádica, sus roles y hábitos; evaluación de la biota del suelo; presencia, distribución e inventario de especies silvestres emparentadas con maíz que eventualmente puedan hallarse presentes en las áreas objeto de los ensayos.
12. Definir e implementar las medidas de emergencia previstas en caso de escape accidental de los OVM.
13. Definir las medidas de disposición final de material cosechado o recolectado.
14. Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los artículos 23 y 26 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, relacionados con la información y participación del público en el proceso de adopción de decisiones en materia de bioseguridad y OGM y a la incorporación de consideraciones socioeconómicas.

Evaluaciones no realizadas, señaladas por el MAVDT:
1. Los aspectos que considera el MAVDT que están siendo desatendidos en los procesos de evaluación ambiental de las actividades con OGM, tienen que ver fundamentalmente con las consideraciones ecológicas y lo relacionado con el articulo 23 y 26 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB, sobre la información y la participación del público, en el proceso de adopción de decisiones y la incorporación de las consideraciones socioeconómicas.
2. En los análisis realizados, no se discriminan los impactos por tipo de productor o por sistema de producción. La evaluación debería contemplar los beneficios reales sobre el universo de los productores y no únicamente sobre un grupo de ellos.
3. No se incluyeron evaluaciones de la relación con las áreas de comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas que incluyen dentro de su estrategia alimentaria y de desarrollo a los maíces nativos, e incluso no acuden en sus sistemas de producción a híbridos y variedades mejoradas por métodos convencionales. Se debe levantar y sistematizar la información y definir las medidas adecuadas para las áreas o núcleos de comunidades que optan por conservar sus cultivos y practicas tradicionales.
4. El mismo precepto aplica para comunidades locales que han iniciado procesos de conversión a producciones agropecuarias ecológicas. Ante la ausencia de una normativa de coexistencia, se considera que no puede ponerse en riesgo el esfuerzo de los productores y del estado en este tipo de inversión. Se deben definir e implementar las medidas adecuadas para la protección de estos cultivos y sistemas de producción. El análisis de riesgo debe incorporar en las consideraciones socioculturales, aspectos relacionados con el intercambio tradicional de semillas que hace parte de las prácticas culturales.

Estrategias de las comunidades indígenas y campesinas frente a los transgénicos
En muchas regiones del país las organizaciones indígenas, negras y campesinas tienen una posición muy crítica sobre los impactos que podría generar los organismos transgénicos en sus territorios y se ha ido construyendo estrategias, acciones y alianzas para la defensa de las semillas locales, y especialmente alrededor del maíz, frente a la contaminación genética que se pueda producir por la introducción de maíz transgénico en sus territorios.

Este es el caso del pueblo Zenú, quien posee una extraordinaria cultura del maíz, expresada en más de 25 variedades de este cultivo que han creado, mejorado y conservado, desde épocas ancestrales. Es así como en octubre de 2005, 170 cabildos las comunidades indígenas Zenúes de Córdoba y Sucre, declararon el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento “territorio libre de transgénicos” TLT. Esta decisión es de trascendental importancia, puesto que los Zenúes amparados en los derechos constitucionales sobre su territorio, están ejerciendo la defensa sobre su biodiversidad y soberanía alimentaria, que se ve fuertemente amenazada por los cultivos agroindustriales principalmente de maíz y algodón que rodean su territorio.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, instituciones y personas que se sientan directamente o indirectamente afectadas por esta arbitraria decisión del gobierno, para que se pronuncien y realicen acciones que busquen derogarla; puesto si Colombia acepta estos cultivos transgénicos, se acabarían con el patrimonio genético de la Nación y le entregaría lo poco que queda de la agricultura y la soberanía
alimentaria, a un puñado de transnacionales.
La ong Grupo Semillas ha realizado todos los reparos necesarios con argumentos valederos, y considera que la aprobación del maíz transgénico en Colombia se hizo sobre papeles, sin haberse realizado ninguna prueba de la boratorio, puesto que el invima no cuenta con la infraestructura para adelantar ese tipo de pruebas.